Seguridad Democrática
FUENTE El Espectador
Por: José Fernando Isaza*
EL AGUDO E INTELIGENTE ANALISTA político León Valencia, en el estudio “Seguridad Democrática en crisis”, reconoce los avances logrados por el Gobierno en materia de disminución de los secuestros y de los homicidios; a la vez, resalta que esta evolución tiene un punto de quiebre en el año 2008.
En 2009 los indicadores muestran deterioro en los homicidios en Medellín y Cali, y en el número de acciones bélicas de las Farc. Es indudable que uno de los logros más significativos ha sido la expulsión de las Farc de Bogotá y Cundinamarca.
La ejecución de la Seguridad Democrática ha tenido altos costos económicos y sociales. El creciente militarismo y la presión por resultados, acompañado por la teoría del “todo vale”, condujeron a la más repudiable violación de los derechos humanos, como son los asesinatos de jóvenes por miembros de la Fuerza Pública, hechos denominados eufemísticamente “falsos positivos”. A lo anterior se agrega el discurso del Ejecutivo de acusar a la oposición de aliados del terrorismo y de la guerrilla.
Otro aspecto preocupante es el creciente gasto militar, que llega al 4,6% del PIB; si a esto se agrega el aumento del pasivo pensional, que equivale al 1,5% del PIB, el gasto supera el 6% del PIB. En Estados Unidos la cifra es del 4% del PIB, y en la Comunidad Europea del 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares corresponde al 32% del PIB.
En una democracia el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado, con los controles políticos del gobierno civil. Es inaceptable pretender, como lo plantean las Farc y el Eln, hacer política armada. El Estado tiene todo el derecho y la autoridad para combatir, aun con las armas, a quienes fuera del Ejército las empuñen incluso si tienen objetivos políticos.
Debe analizarse la eficiencia y eficacia de la escalada del gasto y el creciente número de efectivos de las Fuerzas Militares. Al iniciarse la actual administración, el Ministerio de Defensa anunció que en seis meses la guerrilla estaría acabada.
En el año 2002, el pie de fuerza ascendía a 160.000 efectivos; al finalizar 2009, la cifra llegó a 279.000, lo que equivale a 6,3 soldados por 1.000 habitantes; al finalizar el gobierno militar en 1957, este indicador era 2,5 soldados por 1.000 habitantes, y también era un período de violencia y guerrillas.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, en el período 2002-octubre 2009, el número de guerrilleros abatidos es de 13.398, el de desmovilizados 20.876 y el de capturados 35.220. Es bueno aclarar que la cifra de capturados no es igual a la de detenidos puesto que, como lo aclaró el ex viceministro de Defensa Juan Carlos Pinzón: “Es importante precisar que un número de capturas no es exactamente equivalente a número de personas, dado que a una misma persona se le puede capturar más de una vez sin que se llegue a la judicialización”. Suponiendo que el número de capturados sea la mitad de las capturas, se tiene que el número de guerrilleros puestos fuera de combate por ser abatidos, desmovilizados o capturados, sería de 51.884. En el año 2002, las Farc y el Eln tenían 20.600 guerrilleros y en 2009, 11.500, lo que muestra que de cada 100 guerrilleros puestos fuera de combate logran reemplazar 82. Surge la obvia pregunta: ¿no es más eficaz y menos costoso, social y económicamente, actuar para disminuir el reclutamiento, que mostrar resultados sólo con el “conteo de cuerpos”?
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano
