Son hechos que envilecen a nuestro ejército
FUENTE El Tiempo
Quiero recordarles a quienes comentan la decisión del juez que dio libertad a los militares implicados en el asesinato de 12 jóvenes de Soacha la ignominia que esconden esos hechos y decirles que la tragedia cubre por igual a las víctimas, a las familias y a la Fuerza Pública. Quiero clamar por que esta decisión se revierta para bien del Ejército y para que acciones tan viles no se repitan.
En septiembre del 2008 estos jóvenes aparecieron muertos en el municipio de Ocaña y fueron presentados como guerrilleros dados de baja en medio de combates con el Ejército Nacional. Las madres, horrorizadas con la noticia, acudieron a las autoridades para decirles que sus hijos no podían ser guerrilleros, porque hacía muy pocos días habían desaparecido de sus casas.
El personero de Soacha, Fernando Escobar, y la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, tuvieron la valentía de ir a los medios de comunicación para poner en conocimiento de la opinión pública la denuncia de las madres.
Dado que los militares habían declarado ante la prensa su completa responsabilidad en las muertes, sólo quedaba demostrar que en verdad estos muchachos nada tenían que ver con las guerrillas y quedaría probado un crimen atroz de personas indefensas.
No fue difícil. En las audiencias del palacio de justicia de Soacha algunos militares se vieron obligados a confesar detalles de la trama de las ejecuciones extrajudiciales.
Empujados por las investigaciones realizadas por la Fiscalía, dijeron que, ante la presión de los altos mandos militares para presentar resultados en el combate contra la guerrilla y las recompensas ofrecidas a quien los obtuviera, algunos oficiales, suboficiales y soldados recurrieron a los 'falsos positivos'.
El sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, mando en una unidad de la Brigada Móvil 15, quien se convirtió en testigo, confesó que después de varios regaños de sus superiores por las pocas bajas en combate y los limitados resultados en incautación de armas y bienes de los guerrilleros, decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez González, de inteligencia militar del Batallón Santander. Este le respondió: "Curso, si quiere le traigo gente, se la presenta a la tropa y se presentan como muertos en combate".
Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. Había que pagar, eso sí, un millón de pesos a quienes "hacían la vuelta" de traer a las personas y también "cubrirles los pasajes", les dijo el sargento Pérez.
En las audiencias salieron a la luz los nombres de Alexander Carretero, Pedro Antonio Gámez y Ender Obeso como reclutadores y se conoció que utilizaron las tiendas Los Costeños y la Fonda Paisa como lugares donde, con engaños, convencieron a los jóvenes para llevarlos hasta Norte de Santander, donde fueron asesinados horas después de su llegada. También se supo que el sargento Dairo José Palomino, quien tenía nexos familiares con Carretero y Obeso, era el contacto en el Batallón Santander, con jurisdicción en Ocaña.
No son hechos aislados. Según la Fiscalía General de la Nación, desde 1985 hasta mayo del 2009, las víctimas por 'falsos positivos' sumaban 1.708. De estos, 1.545 eran hombres, 110 eran mujeres y 53 eran menores de edad. Como responsables de esta cadena de ejecuciones extrajudiciales, hasta mayo del 2009, habían sido vinculados a la investigación 1.150 militares: 1.081 del Ejército Nacional, 29 de la Armada, 35 de la Policía Nacional y 5 del DAS.
Creo que tanto el general Padilla de León como el presidente Uribe se han dado cuenta de que en estos casos es ineludible una responsabilidad del Estado y se han apresurado a declarar la enorme injusticia que se comete al anular el juicio por vicios de procedimiento.
León Valencia
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